Participación popular en el orden posrevolucionario (1820-1852) –PARTE II-

El Rosismo como fenómeno Social

Rosas asume a fines de 1829, en un momento en el que se habían probado frágil tanto el orden constitucional como los mecanismos de consenso. Al respecto, y marcando la polarización en la sociedad ya en las elecciones de 1828, dice Marcela Ternavasio que “todas las descripciones coinciden en señalar la agitación que vive la ciudad días antes de la elección”[1] donde “lo novedoso es el enfrentamiento suscitado en las mesas electorales entre los grupos de votantes”[2] quienes se encuentran acaudillados y manifiestan consignas de las facciones en pugna. En el contexto posterior a su elección se profundiza una escisión al interior del federalismo entre doctrinarios y netos; los primeros abogan por una constitución para el orden provincial y nacional, a la vez que están a favor de continuar con el sistema de libre competencia electoral, en el que se postulan varias listas. Los segundos, pertenecientes a la facción de Rosas, pretendían constituir al poder Ejecutivo como uno omnímodo con atribución de facultades extraordinarias, y creían que debía pactarse una lista única entre las diversas fuerzas. Puede pensarse que buscaban el establecimiento de un orden sólido y efectivo, pero para la renovación anual de las facultades dependían de ganar las elecciones de representantes a la Sala; cuando esto no se logró en 1832, Rosas se negó a aceptar la gobernación.

Esto generó un clima de agitación en el cual “los llamados restauradores, leales a Rosas, no cesaron de cometer actos terroristas”[3], la sala intentó otorgarle la gobernación numerosas veces y él se negó a aceptar el cargo, en espera de la concesión de las facultades extraordinarias. En 1835 finalmente lo designan como gobernador por cinco años y le otorgan la suma del poder público; él, sin embargo, convoca a un plebiscito para que la ciudadanía exprese su favor o no a los poderes dados. Gana abrumadoramente, y con este acto inaugura un largo periodo de gobernaciones hasta 1853; en las mismas elaboraría personalmente las listas de candidatos para la Sala de Representantes, y recurriría normalmente a medidas de tipo plebiscitario.

¿Qué razón tendría para organizar las votaciones en forma de rito cívico, cuando los elegibles eran sus señalados? la importancia que da a esta ritual queda impresa en su preocupación por organizar minuciosamente el proceso electoral. Según Ternavasio la voluntad por producir el sufragio se unía a la voluntad de movilizar, y se basaba en una intención de legitimar el gobierno mediante la vía de “la legalidad liberal heredada de la etapa rivadaviana”, así como “en una concepción de la representación profundamente antiliberal”. [4] Dicho en otras palabras, pervivían y tenían protagonismo instituciones de carácter republicano, que buscaban la participación y la legitimación de las mayorías, sin embargo, se daban en el marco de antiguas prácticas pactistas que aseguraban un el orden frente al faccionalismo político. Podemos ver entonces un caso de mixtura entre dos de los ejes antes mencionados, tradicionalismo político y liberalismo; esta interpretación contradice a las perspectivas historiográficas tradicionales, que interpretan en Rosas a un caudillo con desprecio por las instituciones, y a su gobierno como puramente fundamentado en la coerción – resaltándose, por ejemplo, el terror generado por la Mazorca-

Al respecto de esta búsqueda de consenso podemos decir que el Rosismo tuvo éxito, generándose como la expresión política del programa de las clases populares; programa que “se fue construyendo durante la década de 1820 y expresaba las aspiraciones de pequeños propietarios, migrantes, esclavos o libertos, etc.”[5]. Como uno de los más grandes estancieros, y ayudado por su antiguo cargo como comandante de las Milicias de la campaña, Rosas lograría consolidarse como árbitro entre la elite terrateniente y los intereses de los sectores bajos y medios; estos últimos obtenían de su adhesión al régimen ventajas materiales y simbólicas. Por un lado, eran incorporados como actores sociales sin importar etnia o riqueza, por otro, se hacían posibles destinatarios del otorgamiento de tierras y ganado de carácter publico o confiscado a la oposición política, así como de la exención fiscal por servicio a la causa federal.

El aspecto quizás más contradictorio entre esta base popular y su dirigente estaba en la pretensión de los sectores subalternos de la restauración de los antiguos derechos consuetudinarios. Estos derechos atentaban contra el interés de los terratenientes, que buscaban se respetase la plena autoridad sobre sus tierras, a la vez que pretendían acumularlas en mayor cantidad y tener mano de obra disponible para su empleo. En primer lugar, la tradición prerrevolucionaria habilitaba el usufructo de tierras desocupadas y protegía a sus usuarios del desalojo, además, permitía el arrendamiento verbal y daba privilegio en un caso hipotético de compra. Gelman muestra en este caso la capacidad limitada del estado para imponer los nuevos derechos de propiedad, entendiendo la disputa como una querella por la distribución de los beneficios del crecimiento. Narra cómo el partido del orden no logra consolidar los derechos de propiedad, y cómo Rosas inclusive no logra hacerlos valer en su propia hacienda; esto es por la ausencia de alternativas en el mercado de trabajo, por la existencia de pobladores en extrema necesidad y de territorios subutilizados: las condiciones “no favorecían la imposición de medidas coercitivas sobre la población rural más humilde, cuya buena voluntad necesitaban los gobiernos escasos de legitimidad”[6].

La necesidad de consenso, y la pertenencia de los jueces de paz al entorno rural, llevarían a que se tolerase esta permanencia de los agregados. Esta actitud de corte anti-liberal se veía determinada por la base electoral federal, así como por las condiciones sociales de producción (baja mano de obra). De la misma forma -contrariamente al interés dominante de la élite- fueron aumentados los aranceles a las importaciones que competían con las manufacturas de producción provincial. Sería por esto por lo que se trataría de disciplinar a la población mediante mecanismos extraeconómicos, forzando a una mayor disponibilidad de la mano de obra: Se criminalizaría entonces deliberadamente a las clases bajas, y se utilizaría la papeleta de conchabo -certificado que demostraba que el portador se encontraba trabajando para un empleador- para obligar a los no propietarios a verse empleados; quien no tuviera una podía ser imputado de vago y reclutado para combatir.

Sin embargo y pese a todo esto, Rosas mismo desconocería el derecho absoluto sobre la propiedad privada al expropiar, luego de la rebelión de los libres del sur, a la oposición vencida con ayuda india. Con estos últimos mantendría una actitud de negociación, formándose relaciones de mutua conveniencia cuando fuera posible, e incorporándolos en diferentes términos. Esta sería la diferencia esencial entre los indios amigos y los indios aliados; los amigos se ubicarían dentro de la frontera provincial, proveyendo servicios laborales y militares, mientras que los aliados vivirían fuera de la frontera, proveerían auxilio militar y comerciarían con el gobierno. La forma de administrar o acordar justicia con estos grupos variaría acorde al vínculo que los ligara y el carácter de la afrenta: cuando hay robos o crímenes entre grupos indígenas asociados, Rosas interviene en la reparación; cuando el robo es hacia un blanco no hay composición, sino castigo ejemplar. En el caso de las afrentas a personas no indias, se introduce a los indígenas a tres escenarios nuevos: los espectáculos punitivos y el dispositivo represivo de Buenos Aires (Cárceles y fuertes). Con esta descripción de las disposiciones gubernamentales y de la incorporación de nuevas figuras al sistema judicial de la campaña, es clara la voluntad de disciplinar a los actores sociales. La oposición no solo es aplastada, sino que es construida desde el Ejecutivo y la prensa, a la vez que la adhesión es premiada. La población rural es, también, objeto de un intento de disciplinamiento de orden miliciano, el cual Miguez dirá que fracasa, volviéndose normal la deserción y manteniéndose el fenómeno del bandolerismo – para el cual el ejercito se convertiría en un caldo de cultivo, siendo un espacio de sociabilización-.

Con lo escrito en el presente trabajo -y para concluir- se pueden rescatar algunas consideraciones de Salvatore sobre el Rosismo: El mismo, en su búsqueda de establecer el orden y la unanimidad en un contexto posterior a grandes viscitudes, se concretará como un poder autoritario y popular, que mediará entre el terror y las instituciones republicanas. Buscará la gobernabilidad y su apoyo serán las mayorías; por lo tanto, excederá a los intereses de los grandes estancieros, clase a la cual pertenecía Rosas y a la cual debería vencer militarmente cuando se levantase contra sus medidas económicas. La gobernabilidad posrevolucionaria sería lograda saldando las contradicciones propias del proceso histórico en una configuración política mixta. Sería republicano, pero autoritario; liberal en sus fines, pero antiliberal y tradicionalista en la práctica. De la elite económica, pero culturalmente asociado a la plebe rural, manejaría su gobierno como una estancia, buscando el acuerdo de los actores que componían la sociedad civil.

Bibliografía

[1] Ternavasio, M., “Hacia un régimen de unanimidad. Política y elecciones en Buenos Aires, 1828-1850”, en H. Sábato (comp), Ciudadanía política y formación de las naciones, FCE, México, 1999, pag. 123

[2] Op. Cit. Pag. 124

[3] Op. Cit. Pag. 131

[4] Op. Cit. Pag. 141

[5] Lanteri, S., Santilli D., “Consagrandoa los ciudadanos. Procesos electorales comparados en la campaña de Buenos Airesdurante la primera mitad del siglo XIX, en Revista de Indias, vol. LXX,núm. 249, 2010, pág. 573

[6] Gelman, J., “Derechos de propiedad, crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana. Siglos XVIII y XIX”, Historia Agraria, 37, Murcia, 2005, pág. 474

2 Comentarios

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