Participación popular en el orden posrevolucionario (1820-1852) –PARTE I-

 

Cuando se habla de la constitución del orden posrevolucionario, es imposible no tomar a consideración la actuación y el rol formativo que tendrían los sectores populares, emergentes de las invasiones inglesas y a lo largo de la década de 1810. Al respecto – y de forma introductoria- puede decirse que el sistema de milicias mediante el cual se sostuvo el esfuerzo militar incorporó como actores políticos a una multitud de individuos de orígenes subalternos, que pasarían a cobrar protagonismo y tener las armas para apoyar el liderazgo de quienes mejor los representasen. Esta militarización impondría una integración de la campaña y las zonas rurales, las cuales participarían activamente en la debacle por el poder; a su vez, la conjunción de este factor con el traslado del capital económico al hinterland porteño daría como resultado futuro una ruralización de la política y el crecimiento del federalismo como ideología política.

El rol activo de las milicias

Podemos ver en el año 1820 luego de la batalla de Cepeda y la consecuente caída del directorio, el punto álgido de la lucha facciosa entre unitarios, federales porteños y federales del interior: una signada por sucesivos levantamientos, por pronunciamientos del cabildo y batallas en búsqueda de tomar el control de la gobernación, que se hallaba en peligro de ser retenida por los intereses del litoral. Al cierre de este período, habiendo Dorrego perseguido hasta fuera de la provincia a López -y perdido finalmente en la provincia de Santa Fe-, Rodríguez y Rosas lograron un llamado a elecciones en el que la legislatura pronunció a Rodríguez como gobernador, encontrándose con una última gran resistencia, sobre el carácter de la cual difieren diversos autores: el levantamiento de octubre. Como bien explica Herrero en relación al suceso, “El plan consiste en derrocar al gobernador Martin Rodríguez e imponer un nuevo mandatario proveniente de las filas federales”[1], idealmente, a Dorrego. Habiendo sido realizado por milicias cívicas del Cabildo, así como los sectores medios y la plebe urbana, el mencionado autor se pregunta por los motivos del hecho y la tipología del mismo; concluye que a grandes rasgos las milicias temían se las desarmara y pusiera bajo la autoridad del Ejecutivo, así como que -basándose en las evidencias de una dirigencia en el movimiento insurgente, y en la declaración de los acusados posteriormente en tribunales- era un movimiento en el que los sectores bajos y medios no habían tenido una participación activa sino pasiva, acatando órdenes y perpetuándose un golpe de estado. Di Meglio, sin embargo, cuestionará la veracidad de estas afirmaciones llamando la atención sobre el compromiso de los actores en el movimiento; ya que ellos aún ante la rendición de sus comandantes se resistían al abandono de sus puestos en una suerte de “motín plebeyo”, “llevando adelante las posiciones que estos habían defendido más allá de las intenciones de esos mismos líderes” y “explicitando el papel activo que la plebe había adquirido”[2]. También, el encarnizamiento con que fuera reprimida la ocupación que protagonizaron en la Plaza de la Victoria daba cuenta del miedo a una insurgencia de las clases bajas, propia de la aumentada participación de las masas y el clima inestable de la época.

La construcción del consenso y del principio de legitimación

 En todo caso, independientemente de los debates historiográficos sobre la significación del suceso, el mismo indica el grado de militarización e integración en el devenir político que tenía la plebe urbana luego de la década revolucionaria. Luego de manifestaciones de este tipo y de la “Anarquía del Año XX”, no habría vuelta atrás sobre el reconocimiento de estos actores ni sobre el conjunto de la población, a la que se debería reconocer plebiscitariamente, gobernando mediante el consenso y el principio de legitimación; este sería el programa del Partido del Orden, con Rodríguez y Rivadavia (aún como ministro) a la cabeza. Para ello se suprimirían los cabildos y se sancionaría le Ley de Sufragio Universal en 1821, dictándose el voto directo y extensivo a todo hombre libre mayor de veinte años, estos elegirían los miembros de la Sala de Representantes, que a su vez nombrarían al gobernador. Podría entenderse esta ley como una realización por parte de la dirigencia de la nueva dinámica política que planteaba la independencia, y como una práctica pacificadora en un contexto de cambios y resistencias, producto de una retroversión de la soberanía extendida: Con esto me refiero a como es superada la idea del “retorno” de la autoridad a manos del pueblo -en singular-, para volverse autoridad de las gentes y los pueblos -en plural- suceso asimilable a la disolución de las formas del poder virreinal.

La resistencia a un poder central

Cuando las antiguas jerarquías de poder se ven subvertidas y la legitimidad se ve en manos de los ciudadanos, la retórica revolucionaria da lugar a cuestionamientos al orden y a la dirección de la antigua capital virreinal. Al respecto, Fradkin mencionará justamente la primera oposición al centralismo que realizarán las provincias en su afán de autonomía (la unión de los Pueblos libres), y los conflictos que tendrá Buenos Aires para controlar una campaña que cobró relevancia con la militarización, como proveedora de hombres y recursos. Sobre esto, nos muestra la resistencia de los alcaldes de campaña al control central, el cual tenía representación en comandantes militares ajenos a las tramas sociales locales, y que a partir de 1817 detentaban el pleno gobierno económico del hinterland. Significativamente, la forma adoptada para oponerse desde los pueblos fue “Condicionar quienes podían ser sus comandantes esgrimiendo el mismo principio en el cual el gobierno revolucionario se basaba”[3]  acusando a las autoridades de favorecer a peninsulares.

 En 1822 -luego de la crisis y caída del Directorio y producto de este enfrentamiento- se decretaría la supresión de las comandancias militares, exceptuándose aquellas situadas en la frontera; así también se sustituiría a “la justicia capitular por jueces letrados, y a los Alcaldes de Hermandad, por Jueces de Paz designados por el gobierno y reclutados entre los vecinos de cada partido”[4], cediéndose la autoridad a representantes de las propias comunidades afines al gobierno de turno. Con esta reforma se profesionalizaba la administración, que hasta entonces había sido lega y dependiente de asesores; ahora implicaría el conocimiento de las leyes, y dejaría de ser una función gratuita -salvo en el caso de la figura de los jueces de paz-. Sin embargo, como muestra Agüero en su estudio del caso cordobés, hay todavía continuidades en la práctica judicial pre y posrevolucionaria, producidas por el fuerte peso de la tradición local en el ejercicio previo de la justicia, y por la interpretación de los nuevos principios legales liberales mediante formas de razonamiento anteriores. Esto ocurre a través de un uso de los términos que no remite a las condiciones de la teoría jurídica vigente, así como por entender la ley no bajo el principio validez, sino por la calificación de un hecho como justo o injusto por decisión institucional y en base a los antecedentes locales. De esta manera se caía normalmente en una lectura objetiva de las leyes, sin comprender el espíritu último que las movía, o se interpretaban de forma que afirmasen normas tradicionales.

La formación del Federalismo

Otra contradicción vital que atraviesa la época -junto con aquella propia de la construcción de identidades soberanas y mezclada con la misma- es la dicotomía entre las instituciones tradicionales y las modernas; y dentro de las modernas, la construcción y uso que harían de ellas tanto la tradición liberal como la antiliberal, así como los programas políticos que llevarían a cabo -unitarismo y federalismo-.

Se han nombrado múltiples factores que conformarían el fenómeno federal porteño: ruralización de la política, masificación, consolidación de una clase fuerte de estancieros ganaderos, defensa de los intereses provinciales, intentos de injerencia de los caudillos del litoral, tensión entre las viejas y nuevas instituciones. La maduración de estos factores culminaría, con el descredito de los unitarios, por legitimar en las urnas la gobernación de Dorrego, antiguo líder federal que defendió a la provincia en 1820 y que tenía la simpatía de los sectores populares.

El descredito de los unitarios se debió principalmente al rechazo que generó en las provincias la disminución de su autonomía en la Constitución de 1826, y la Convención Preliminar de Paz que negoció García, un funcionario de Rivadavia, por la guerra con el Brasil. Pese a rechazar este acuerdo, Rivadavia debió renunciar y con el se disolvió el Congreso, las autoridades nacionales y la constitución. La provincia de Buenos Aires elegiría a Dorrego por gobernador, aunque su mandato duraría poco, ya que, en diciembre de 1828, luego de acordar él la paz con Brasil y disponer la independencia de Uruguay, sería derrocado y fusilado por Lavalle. El mismo debería rendirse ante Rosas, con el cual pactaría el llamado a elecciones. Habiéndose cometido fraude por parte de los unitarios, asumió como gobernador interino Viamonte mientras se restituía la legislatura derrocada y designaba al nuevo gobernador, Juan Manuel de Rosas.

Bibliografía

[1] Fabian Herrero, Un golpe de Estado en Buenos Aires durante Octubre de 1820, Anuario IEHS Nº18, 2003, pág. 76.

[2] Gabriel Di Meglio, Las prácticas políticas de la plebe urbana de Buenos Aires entre la Revolución y el Rosismo (1810-1829), FFyL, UBA, 2004, pág. 255.

[3] Raul O. Fradkin, La revolución, los comandantes y el gobierno de los pueblos rurales. Buenos Aires, 1810-1822. Hist. Crit. No. 53, Bogotá, Mayo-Agosto 2015, pág. 43.

[4] Raul O. Fradkin, Op. Cit. pág. 54

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