La merced de la encomienda y la influencia lascasiana


Luego de la etapa inicial que significó la conquista del Caribe, -y tanto en el caso del virreinato de Nueva España como en el Virreinato del Perú- la explotación de los indios fue organizada bajo el sistema de encomienda. El mismo significó la puesta a disposición de grupos de indígenas como tributarios en especie y trabajo para los miembros de las huestes conquistadoras. Esta merced aprobada por la corona significaba un premio por los servicios prestados, y era legitimada por el supuesto compromiso del encomendero en evangelizar y cuidar de aquellos a su cargo; sin embargo, en la práctica, estos deberes no solo fueron descuidados, sino que sirvieron como una cortina detrás de la cual se sucedieron la explotación, el hambre y los castigos físicos. El crecimiento del dominio y beneficio privado de los encomenderos presentó así un inconveniente a la lejana metrópolis, la cual vio amenazado su poder en las colonias; a la vez que, junto al clero, percibió las masivas matanzas como contrarias a sus intereses -políticos y sagrados-.

Bartolomé de Las Casas

El fraile dominico Bartolomé de las Casas (Sevilla, 1474 o 1484 ​- Madrid, julio de 1566) fue uno de los principales (si no el mayor) de los apologistas por los indígenas. Habiendo llegado como cura doctrinero a La Española en abril de 1502, atendió los negocios que su padre había dejado como terrateniente en el Caribe, a la vez que ganó experiencia para ser nombrado fraile.

Por su participación en la guerra contra los indios de la provincia de Higüey recibió una encomienda; de la misma forma, su bienintencionada labor evangelizando a los indios de Cuba permitió el avance de los españoles y le valió otra. Sin embargo -y pese a sus actividades comerciales- las matanzas y las atrocidades presenciadas fueron cimentando sus convicciones, ubicándolo como opositor a la encomienda y al injusto trato que se le daba a los indios.

Todo esto hizo también que se replantease su misión -y aquella de las expediciones- en el Nuevo Mundo. En una misa de pascua de 1514 dio un discurso en contra del maltrato a los indios, y finalmente el 15 de agosto, reiterando sus críticas, cedió sus encomiendas. Las Casas se retiró momentáneamente a Sevilla, y a lo largo de toda su vida abogó por los derechos de los indios y el cese de la encomienda. Su causa y la defensa de la misma lo llevo muchas veces de vuelta a América donde ocupo cargos como el de Reformador de la orden de los Dominicos en el Nuevo Mundo, y aquel de Obispo de Chiapas. Finalmente decidió regresar a España en 1547, abogando por el bienestar de los indios desde la metrópolis hasta su muerte en 1566.

Su influencia

La influencia lascasiana en la evolución de la encomienda es -como dice Brading- directa, ya que con sus denuncias sobre la explotación y el maltrato al que estaban expuestos los naturales el tema cobró un rol protagónico en los debates peninsulares. En su exposición de esta problemática “se vio obligado a redactar su proyecto de reforma de tal modo que los cambios que propugnaba resultaran en beneficio de la Corona, además de ayudar a los indios”[1] sentando las bases para una reformulación de la estructura del sistema colonial.

Las principales denuncias exponían la despoblación de las Antillas producto de la explotación indiscriminada de los naturales, las matanzas, violaciones y otros abusos; el hambre sufrida por los naturales, producto de la incapacidad de trabajar sus propias tierras (por la falta de tiempo disponible y frente a los trabajos compulsivos que se les habían impuesto).

Para las casas, el fin que debía otorgar legitimidad a la conquista era necesariamente la evangelización, la salvación de las almas; y cualquier desvío en favor irrestricto de las empresas privadas de los conquistadores solo sería contraproducente, generando en los indios el temor y germinando la maldad en los colonizadores. Esta evangelización debía ser perseguida “manteniéndose la autoridad de los jefes indios, y asegurando la conversión mediante su apoyo y protección”[2] esto se lograría excluyendo a los españoles de los territorios de indios, los cuales deberían ser reunidos en pueblos y puestos bajo la protección de agricultores y el clero. La encomienda debía ser abolida totalmente, y los indios definidos como vasallos libres de la corona, sin otra obligación que la de pagar el tributo real. La conquista debía ser pacifica, e integrar a los indígenas por las vías del comercio y la religión, con el incentivo del beneficio económico y tributario para la corona. Según Las Casas, el papa (quien en 1537 pronuncio una bula declarando a los indios humanos dignos de la salvación), había confiado el Nuevo Mundo a los reyes, quienes debían asegurarse de llevar la fe cristiana a la mayor cantidad de almas posibles.

Consecuencias

Sus denuncias movilizaron grandemente, junto a otras, la promulgación del código de Nuevas Leyes en 1542, el cual ordenaba la emancipación de todos los esclavos indios; el pago en tributo en especie o en efectivo, y la devolución de toda encomienda a la corona una vez muerto su poseedor. Este código fue resistido fuertemente, generando el levantamiento en contra del virrey de Perú y su posterior asesinato. Debió negociarse entonces: se aseguró la merced de las encomiendas temporalmente (al menos por otra generación); pero de la misma forma se logró la libertad para los indios esclavos, su tributación en especies y el pago de un salario por la labor compulsiva en la agricultura o las minas.

Habiendo visto la agitación que produjo previamente el dominico en la corte al rechazar las prestaciones personales y la encomienda; en esta segunda etapa de la explotación de la fuerza de trabajo indígena es innegable, entonces, su influencia. Esta segunda etapa fue una de transición, y estuvo caracterizada predominantemente por la exigencia de los tributos en especies, la cantidad de los cuales “variaba de un momento a otro según las fluctuaciones de los precios a los cuales se vendían los productos en remate”[3] diferenciándose del periodo anterior en el cual no se exigían cantidades controladas en especies y trabajo.

Podemos ver entonces, que se tasaba la cantidad de productos en relación a una cantidad fija de plata, según el total de la población que dispusieran las comunidades para la producción. Esto es así porque los encomenderos comerciaban con el excedente en especies para obtener moneda, y mediante ella los bienes importados de la península. Un caso emblemático de esto es la tributación en plata y oro, los cuales eran considerados como especies y no dinero: “lo que se le entregaba sería, pues, una cantidad determinada en metal bruto, que después tenía que convertirse en pesos “ensayados y marcados””[4]A su vez, el estado comenzó a valerse de la mano de obra indígena para un sistema de trabajo compulsivo (la mita) pero lo hizo respetando los derechos concedidos a los indígenas y dotándolos de un salario.

Por Assadourian podemos ver que las tasaciones realizadas a las comunidades en esta etapa de transición muchas veces resultaban gravosas, ya que anteriormente (y pese a los abusos), los indígenas estaban acostumbrados a negociar con los encomenderos la cantidad de tributos a entregar, paliando así efecto las crisis climáticas sobre las cosechas y la economía comunal. Esta fijación previa del tributo ponía ahora a los indígenas en el doble riesgo de fallar con el pago de la tasa o hacer peligrar la propia subsistencia del ayllu. Esta doble dificultad frente a los imprevistos se vio reflejada múltiples veces en la solicitud de retasación presentada por los naturales. [5]

Las Reformas Toledanas

Al reformar la estructura política y económica del virreinato del Perú, el virrey Toledo sería consciente de la dificultades que conllevaba tasar los tributos en especies. En sus disposiciones, tomaría consideración tanto de las denuncias lascasianas como de las experiencias previas sobre el territorio, visitando las provincias antes de promulgar nuevas normas, considerando que estaban constituidas por ”<<costumbres temples y naciones y prouincias tan varias>> que hacían imposible gobernar mediante la promulgación de leyes y ordenanzas genéricas”[6].

En esta reforma se traducirían las crecientes inquietudes que había sembrado Las Casas en la península; Toledo precisaría primeramente legitimar el orden colonial, para eso, se dedicaría de lleno a la realización de entrevistas con comunidades locales, averiguando las relaciones históricas con los incas, probando que no eran gobernantes naturales de las tierras o que no aplicaran la violencia, sino todo lo contrario. Buscaría demostrar, también en beneficio de la corona, que los indígenas eran naturalmente ociosos y precisaban quien los ordene y mande.

Luego, concretaría el poder de la metrópolis con unas disposiciones económicas precisas: tasaría el tributo a los encomenderos en dinero, volviéndolos unos meros renteros de la corona; concentraría la mano de obra excedente indígena intensificando el sistema de mitas incaico y modernizándolo. Estas y otras medidas llevarían a la reorganización de la economía andina como un todo, así como tranquilizarían las consciencias europeas. Como un último gran aporte tomado de Las Casas, y orientado tanto a homogeneizar y controlar la población, como a imponer una fiscalidad, Toledo decretaría la reducción de las comunidades en pueblos de indios, donde poseerían su propio cabildo, administrarían su propia justicia, y el clero secular tendría la oportunidad de evangelizar efectivamente a las colonias.

Autor: Nicolás Perez Cottin

FUENTES

[1]BRADING, David A., Orbe Indiano. De la monarquía católica a la república criolla, México, F.C.E., 1991. Cap. 3: “El profeta desarmado”, pag. 77.

[2] Op. Cit. Pág. 80

[3] PLATT, Tristan, “Acerca del sistema tributario pretoledano en el Alto Perú”, en Avances. Revista Boliviana de Estudios Históricos y Sociales, N° 1, 1978, pág.. 34.

[4] Op. Cit. Pág. 39.

[5] ASSADOURIAN, Carlos S., “La renta de la encomienda en la década de 1550: piedad cristiana y desconstrucción”, en Transiciones hacia el Sistema Colonial Andino, Lima, El Colegio de México-IEP, 1994.

[6] MERLUZZI, Manfredi, Gobernando los Andes. Francisco de Toledo virrey del Perú (1569-1581), Lima, PUCP, 2014. Cap. 2 “Conocer para gobernar”, pág. 120.


El rol de los caciques o “curacas” en la sociedad colonial


En el establecimiento de las relaciones coloniales iniciales, el rol que cumplieron los caciques fue uno condicionado por las incómodas alianzas formadas con los conquistadores europeos. Estas alianzas nacían del interés económico y defensivo español, así como de la intención indígena de aprovechar el reordenamiento de la sociedad bajo una nueva clase dirigente, luego de la  disolución del dominio incaico.

Por un lado, los conquistadores consideraban las sociedades indias que esperaban dominar como una fuente de mano de obra y de explotación, tanto para acumular su excedente como para satisfacer sus necesidades inmediatas; por otra parte, requerían de cultivar la lealtad de los grupos locales para defender la presencia europea contra las incursiones incas.

Desde la perspectiva de las sociedades indígenas en cambio, se percibía la llegada de los españoles como la posibilidad de deshacerse del yugo de la dominación previa, así como de defender -mediante la asociación- sus intereses étnicos, buscando que prevalecieran frente a aquellos de otros grupos. Esta pretensión resultaba entendible ubicada en un contexto en el que -como diría Stern-: “el modo local de producción tendía a dividir a los pueblos autóctonos en grupos económicamente autónomos” que “competían con los ayllus, las comunidades y los grupos étnicos rivales, por los recursos más preciados”[1]

La incomodidad de estas alianzas radicaba en los enormes abusos personales que sufrían los indios por parte de los encomenderos; siendo estos tratados siempre que se pudiera como propiedad personal de los mismos. Sin embargo, eran vividas como necesarias ya que la cooperación “brindaba al menos la posibilidad de protección contra la violencia más extrema”[2]. Este aprovechamiento del trabajo indígena fue realizado por los conquistadores (devenidos en encomenderos) en reemplazo de los Incas derrotados y valiéndose de instituciones y tradiciones precedentes como el pago del tributo. Al respecto de esto dice Stern que “Los primeros encomenderos tenían que respetar, por lo menos, algunas de las normas tradicionales que regían el trabajo y los <<impuestos>> andinos.”[3] como por ejemplo el tributo en fuerza de trabajo y el respeto de las tierras comunales.

Esto cambiaría posteriormente, siendo -mediante las reformas toledanas- otras las instituciones rescatadas; en un proceso que buscaría apropiar y administrar el excedente de manera estatal, y convertir a los encomenderos en renteros (se reviviría la mita, tanto para el caso de las minas como en la llamada mita de plaza o agraria, se buscaría anular los servicios personales y primaría el tributo en especies).

A lo largo de estos cambios en el sistema de tributación -y mediados por sus consecuencias sociales-, la elite curacal indígena fue realizando un equilibrio y una síntesis entre sus funciones tradicionales -como administradora de la fuerza de trabajo y la reciprocidad indígena- y las condiciones y exigencias españolas en tanto a la mano de obra prestada, la cantidad y el modo de explotación de la misma. Esta síntesis implicó una actitud de intervención activa en la dinámica económica colonial, en la que los curacas eran actores privilegiados por su estatus y capacidad de extracción: al administrar la fuerza de trabajo indígena, disponían de los medios para iniciar actividades remunerativas, así como el prestigio necesario para ganarse el favor español. Estas iniciativas económicas propias “no erosionaban necesariamente su prestigio o influencia tradicionales”, pero “si un kuraka violaba constantemente lo que sus parientes entendían como intercambio recíproco justo corría el riesgo de fomentar la emigración o la deslealtad”[4]

El reforzamiento del rol del curaca como administrador de la comunidad étnica resultó fundamental para el dominio español, ya que los colonizadores se encontraban aislados de las redes tradicionales de parentesco que movilizaban la economía, siendo aún un “elemento forastero” “superpuesto a una economía autónoma”. Esta misma dependencia de las elites locales generaría inevitablemente la presencia de una clase curacal de fuerte peso económico, además de una serie de respuestas de adaptación y resistencia a la fiscalidad española ante el crecimiento de las cargas tributarias. El problema principal de estas resistencias, veremos, será el debilitamiento de los vínculos del ayllu y la perdida de la posibilidad de un cuestionamiento real del dominio colonial, ya que estas tácticas están inscriptas y pensadas desde dentro del sistema imperante y en aceptación del mismo.

Estas resistencias se verían explicitadas claramente a partir de las anteriormente mencionadas Reformas Toledanas. Las reformas determinaron el tributo a pagar a los encomenderos y tasaron el mismo en plata; a su vez crearon reducciones o pueblos de indígenas, de jurisdicción propia y separados de los pueblos de españoles. Esta división territorial, estaba pensada por un lado para disminuir los abusos y la injerencia de los españoles sobre los naturales; y por otro, para facilitar la contabilización del total de los tributarios de los grupos locales -adultos varones entre los 18 y 50 años- que asistirían por turnos rotativos a la mita minera, o por los cuales se debería conmutar la falta de esta prestación en plata. Es en este periodo en el que se visibiliza en las fuentes una nueva e importante crisis demográfica, sobre la cual difieren los autores. Wachtel afirma que pese a que “muchos indios huyen para escapar al censo”[5] hay una caída abrupta de la población provocada causas externas e internas a las comunidades: “Abusos, guerras, epidemias: se trata de causas externas. Habíamos aludido antes a la hipótesis de una reducción de la natalidad, es decir, una causa interna, vinculada a la desestructuración de la sociedad indígena. De ello toman conciencia, confusamente, los propios indios.”[6]

Saignes, en cambio, si bien no niega la disminución de la población indígena producto de los factores externos, hace foco principal en los métodos de evasión fiscal puestos en práctica por los caciques y sus comunidades. Llama la atención sobre la desinscripción étnica y la despoblación de tributarios que sufren los pueblos reducidos; a la vez que marca que “la mitad de la población tributaria registrada se encuentra en pueblos distintos bajo nuevas categorías (forasteros, yanaconas).”[7]. Siguiendo con esta línea argumental explica como otros caciques amparan a los migrantes de altura dándolos por “naturales” o “mitimaes” ya eximidos de la mita debiendo en algunos casos compensar monetariamente los mitayos faltos el cacique con sus propios beneficios mercantiles. Esto se produce por el aprovechamiento de movimientos naturales de la población (como son el abastecimiento o comercio de productos) para salir de los ayllus, obligando a los curacas a ir a buscar a los pobladores faltantes. También, este último autor muestra cómo “un segundo tipo de migraciones concierne a los tributarios sustraídos de las listas censales gracias a la complicidad (y la negligencia) de los caciques, curas y corregidores”[8] con el interés de subvaluar la fuerza de trabajo y conseguir rebajar la cuota de mitayos destinados a Potosí. Esto se realizaba desviando a los indios para que realicen tareas particulares para los corregidores, para que sean aprovechados por otros caciques en un intercambio mutuo de pobladores, o dándolos en carácter de yanaconas temporarios, obteniendo dinero a cambio. En el uso de estas estrategias los curacas cumplían la función de coordinar con los diversos actores necesarios para realizar el encubrimiento de la cantidad real de indios, a la vez que aprovechaban para obtener excedentes con el fin de enriquecer su patrimonio personal. Este enriquecimiento señorial es inseparable de cierta capacidad de defender el patrimonio territorial de los ayllus, ya que los mismos caciques arrendan tierras comunales para pagar mitas y tasas, o realizan compras de antiguas tierras comunales mediante la composición de tierras, evitando así la apropiación por parte de los españoles u otros caciques competidores. Es decir que la capacidad de “defender la cohesión territorial, económica y cultural de los ayllus remite al grado de legitimidad de los caciques y a su propia capacidad financiera”, legitimidad que es doble: “la heredada de la tradición andina y la nacida de su éxito frente a las exigencias coloniales”[9]. Este éxito frente a las exigencias coloniales era mucho más favorable a caciques menores y esto se corresponde con la declinación de los “señores máximos”, que ligados a su prestigio y rectitud moral se ven imposibilitados de mediar entre sus comunidades y las expectativas españolas. Esta imposibilidad de mediar efectivamente diría con razón Wachtel, es producto de que “la dominación española provoca una transferencia de bienes en sentido único, de los indios a los españoles, sin contrapartida”[10] alterando la estructura reciprocitaria previa, y la capacidad de retribución de aquellos curacas estructuralmente más cercanos al nuevo poder central.

En definitiva, lo que nos permite ver Saignes es la movilidad pactada de los individuos entre comunidades y funciones productivas, y el aprovechamiento de la condición de “forastero” con un doble fin (para la comunidad y para el rédito económico de los caciques). La consecuencia indeseada de estas migraciones sería la disolución progresiva del vínculo entre los individuos y sus comunidades de origen, ya que “deben someterse a una doble extracción financiera, por sus autoridades de origen y por las de residencia”, y entonces “el migrante debe buscar romper con una de las dos jurisdicciones, más bien con la de origen”[11] mediante el mestizaje biológico. Wachtel en cambio hace énfasis en como con el ingreso de los españoles ocurre la degradación de los vínculos de reciprocidad que unían a los curacas y al ayllu. Esto genera para él un desbalance que se traduce en un debilitamiento del poder de los jefes indígenas, que conservan una parte de él poniéndolo al servicio de los nuevos señores y que genera que en relación con el periodo inca, su autoridad sea a la vez más frágil y más despótica, permitiéndosele mediante el alquiler de indígenas y la venta de tierras ir desarrollando un capital monetario de interés privado.

Stern, por otro lado, llama la atención sobre la adopción activa del sistema jurídico español por parte de la elite curacal, y menciona como estas tácticas de evasión fiscal se combinaron con los pleitos en la corte, reclamando la revisita de los pueblos de indígenas para la reducción de las partidas de mitayos. Estas prácticas litigantes, dice, tampoco quedaron limitadas a la revisita, sino que “los indígenas aprovechaban al máximo esta oportunidad y enredaban las practicas explotadoras de los colonizadores en una maraña de pleitos laberinticos”[12]; sabiendo adaptarse y hacer un uso efectivo del ámbito de justicia español. Esto ocurre, como mencioné anteriormente, en defensa inclusive de las tierras comunales, las cuales -aprovechando la institución de la composición de tierra- reclamaban y compraban a su nombre evitando la apropiación por parte de españoles u otros curacas. La tragedia del éxito -que es el título de uno de los capítulos de su libro- hace justamente referencia al éxito en la adopción de las maneras y las instituciones hispánicas, las cuales si bien son utilizadas en principio de forma positiva y de provecho para las comunidades; significan una asimilación de las maneras españolas y una integración que niega la posibilidad de reformar el sistema en su conjunto.

El testamento del cacique Gabriel Fernández Guarachi, escrito en 1673, sirve como fuente para dar cuenta del carácter real de todo lo antes dicho. Mediante la adopción del método escriturario, se nota ya en un principio la alta asimilación que había de las instituciones, tradiciones y creencias españolas al interior de las elites locales; esto es algo también visible en la retórica cristiana en el documento y en sus múltiples donaciones a la iglesia, y algo que se puede suponer también en base a la cantidad de tierras y chacras detentadas por el titular, lo cual indica procesos de compra o composición de tierras.

A su vez, la cantidad de propiedades, animales de ganado y cultivos descritos en el documento ejemplifican la capacidad adquisitiva de los curacas de su estatus y la desarticulación de los vínculos reciprocitarios tradicionales – tal como lo habría conceptualizado Wachtel-: podemos ver que este curaca es, gracias a su posición como administrador de la fuerza de trabajo indígena, un empresario privado; y que, sin embargo, conserva un vínculo con su pueblo, al cual reconoce quebrado y disipado, probablemente por la constante salida de sus miembros originales y la desintegración del ayllu. Este vínculo se traduce en un deber para con el mismo: Guarachi, según narra en el documento, había estado realizando un ahorro en base al trabajo de indios reducidos no obligados a mitar; el fin de esto, nos dice, era comprar una chacra considerable para su pueblo mediante la cual el mismo pudiera sustentarse, reparando así el daño percibido en aquellos años. Procede a explicarnos como los fondos de este depósito fueron malversados por los cobradores y depositarios, y si bien resulta incierto si fueron quienes dice los que gastaron el dinero -o si hizo uso indebido del mismo para la lógica comunitaria- lo cierto es que los pobladores parecen guardar la impresión de que fue él, o que de alguna manera estaba evitando la contribución al mismo (“algunos del dicho mi pueblo mal aconsejados y persuadidos de algunas personas que se han querido mostrar enemigos míos sin haverles dado ocacion de queja ni motivo me han puesto pleito”).

En este, su testamento, el titular busca remediar esta situación con el ayllu mandando comprar haciendas y chacras para la comunidad, y donando además una cantidad de bienes para la misma; planteándolo de otra forma, parece pervivir una reciprocidad, mezclada también con elementos de una buena voluntad cristiana que aspira a eliminar cualquier duda de su integridad en las horas postreras.

FUENTES

[1] STERN, Steve, Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, Madrid, Alianza, 1986. Introducción y Cap. 2: “Ascensión y caída de las alianzas post incaicas”, pag.69

[2] Op Cit, pag. 69.

[3] Op Cit, pag. 79.

[4] Op Cit, pag. 76.

[5] WACHTEL, NathanLos vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570), Madrid, Alianza, 1976. Introducción y 2da. parte, cap. 2: “La desestructuración”, pag. 142.

[6] Op Cit. Pag 150.

[7] SAIGNES, Thierry, “Ayllus, mercado y coacción colonial: el reto de las migraciones internas en Charcas (siglo XVII)”, en O. Harris, B. Larson y E. Tandeter (comps.), La participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias y reproducción social, siglos XVI-XX (La Paz, CERES, 1987), pag. 112.

[8] Op Cit. Pag 123.

[9] Op Cit. Pag 130.

[10] WACHTEL, NathanLos vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570), Madrid, Alianza, 1976. Introducción y 2da. parte, cap. 2: “La desestructuración”, pag. 183.

[11] SAIGNES, Thierry, “Ayllus, mercado y coacción colonial: el reto de las migraciones internas en Charcas (siglo XVII)”, en O. Harris, B. Larson y E. Tandeter (comps.), La participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias y reproducción social, siglos XVI-XX (La Paz, CERES, 1987), pag. 133.

[12] –STERN, Steve, Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, Madrid, Alianza, 1986. Introducción y Cap. 2: “Ascensión y caída de las alianzas post incaicas”, pag. 186.